Hoy miércoles 10 de marzo a las 20:00 horas tendrá lugar en la Sala San Borondón de La Laguna (esquina de las calles Daute y Cruz de Candelaria) la charla-coloquio “El pelotazo de Las Teresitas. Última hora”.

Participarán: José Ángel Martín Bethencourt (Concejal portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz y miembro de la Asociación Ínsula Viable, denunciante del caso); Ramón Trujillo (Secretario Insular de Izquierda Unida y autor del estudio del 'Caso Las Teresitas') y Felipe Campos (abogado personado en el caso).

La charla-coloquio se enmarca dentro del Ciclo “La Alternativa Sostenible, Democrática y Social”.

El de Las Teresitas es uno de los monumentales escándalos de corrupción político-empresarial acaecidos en Canarias, en el que están imputados entre otros, el alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo y los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia. Recientemente se ha sabido que el número total de imputaciones por el caso Las Teresitas aumenta de 25 a 28, y el de imputados, de 12 a 13. La jueza de la sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha imputado por un presunto delito de cohecho a dos de los ex concejales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ya acusados por otros delitos: Emilio Fresco y José Emilio García Gómez, y agrega a José Luis Martín a la lista de imputados, también por presunto cohecho.

Emilio Fresco fue portavoz municipal socialista y José Emilio García Gómez, portavoz del PP. Ambos ya estaban imputados por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Quien aún no figuraba era José Luis Martín, que fue expulsado del PSC-PSOE por un expediente por prácticas irregulares.

Las otras 25 imputaciones que ya se conocían son las siguientes: presunta prevaricación y malversación de fondos públicos de Miguel Zerolo (alcalde), Manuel Parejo (ex concejal de Urbanismo y actual primer teniente de alcalde), Antonio Messia (ex tesorero municipal), Juan Reyes Delgado (secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo), José Luis Roca (interventor delegado de Urbanismo), José Eugenio de Zárate (secretario general de la corporación), José Tomás Martín (gerente de Urbanismo) y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González. El alcalde Miguel Zerolo tiene una tercera imputación, la de presunto cohecho, así como otras dos de malversación y cohecho contra Felipe Armas, un peón de la construcción.

Entre las grandes irregularidades del caso, está, tal como fundamentó la Fiscal anticorrupción, la venta de parcelas que llevó a cabo desde un principio la Junta de Compensación cuando ésta no era la propietaria de dichas parcelas, venta sorprendentemente autorizada por un notario.

Asimismo, la supuesta compra del frente de playa que asumió el ayuntamiento “para salvar el frente de playa”, olvida que hubo un convenio del año 1986 por el cual ya se habían cedido estos terrenos al ayuntamiento. Además una parte de los mismos, por el deslinde marítimo, ya eran de dominio público.

Se trata de una operación inmobiliaria que prescinde de las tasaciones llevadas a cabo por la propia arquitecta municipal, Pía Oramas, y en la que sólo se tiene en cuenta las interesadas valoraciones privadas carentes de rigor técnico. Todo esto se desarrolla, por supuesto, con el consiguiente resentimiento de las arcas municipales. Dos empresarios, sin arriesgar absolutamente nada, obtuvieron 20.000 millones de las antiguas pesetas de beneficio.